Entre los activos confiscados se encuentran haciendas de gran extensión, mansiones de lujo, gasolineras, bodegas comerciales, lubricadoras, ferreterías y talleres mecánicos.

Destaca particularmente la incautación de extensas plantaciones de palma africana, identificadas como una de las principales arterias económicas utilizadas para legitimar recursos de origen ilícito.

Según fuentes policiales, estas propiedades constituían la estructura económica que permitía a las organizaciones criminales operar y expandir sus actividades ilegales en territorio nacional.

A pesar del éxito de este operativo, la magnitud de la red de lavado de activos destapada pone en evidencia las graves falencias del Gobierno nacional en la prevención y control de actividades ilícitas de esta envergadura.

Durante años, estas organizaciones criminales han operado con aparente impunidad, moviendo millones de dólares bajo la sombra de una supervisión estatal insuficiente, lo que levanta serias preguntas sobre la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad y fiscalización financiera.

Este caso resalta la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia y regulación para evitar que el crimen organizado siga permeando las estructuras económicas del país.