Alias Fito se encuentra detenido en la cárcel de La Roca, de Guayaquil, desde enero pasado, cuando fue recapturado tras una cinematográfica fuga ocurrida en medio de la declaratoria de “conflicto armado interno” decretada por Noboa.

Esa medida extrema, tomada a comienzos de año, incluyó operativos militares en las cárceles y zonas de alta violencia. Sin embargo, hasta ahora los resultados siguen siendo discutidos: pese a la intervención militar, la violencia no cesa, y el crimen organizado sigue operando desde las penitenciarías, con líderes como Fito manejando el negocio del narcotráfico y la extorsión desde sus celdas.

El proceso de extradición se formalizó luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos garantizara el cumplimiento de los derechos fundamentales de Macías Villamar.

Desde la Cancillería ecuatoriana confirmaron que ya se activaron los protocolos correspondientes y que solo resta completar los trámites administrativos.

La entrega de Fito a la justicia estadounidense deja al descubierto la dependencia de Ecuador de la ayuda internacional para enfrentar a los grupos criminales que desbordaron el control estatal.

El gobierno de Noboa, lejos de demostrar fortaleza institucional, termina admitiendo de manera tácita que no puede juzgar ni retener en sus cárceles a los cabecillas del narco, muchos de los cuales manejan los penales a su antojo, transformando las prisiones en centros de operaciones del crimen organizado.

La extradición de Fito, presentada por el oficialismo como un triunfo, es en realidad la confirmación del fracaso del sistema penitenciario ecuatoriano y del desborde de una violencia que las autoridades no han logrado frenar.