La ley fue promovida sin permitir el más mínimo intercambio parlamentario. Solo la oficialista Inés Alarcón, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), tuvo la palabra para defender el proyecto.

El bloque mayoritario impidió deliberadamente la intervención de la oposición, dejando fuera las voces que advertían sobre los peligros del texto aprobado.

Pese a que Alarcón negó que la ley permita interceptaciones sin orden judicial o afecte a periodistas, el contexto en el que se aprueba genera serias dudas.

Actualmente, en Quito y en siete provincias más rige la suspensión del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, como parte de un estado de excepción que Noboa mantiene desde hace más de un año, bajo el pretexto de combatir al crimen organizado.

El nuevo sistema integrará siete subsistemas de inteligencia —policial, militar, económico-financiero, penitenciario, aduanero, tributario y de la Casa Militar Presidencial—, además de cualquier otro que el presidente decida crear. Es decir, se otorgan facultades amplísimas al Ejecutivo para organizar el aparato de inteligencia a su medida, sin control real ni garantías.

Uno de los puntos más cuestionados es la introducción de “gastos especiales” con carácter secreto, que solo estarían sujetos al control reservado de la Contraloría y de comisiones parlamentarias también sin acceso público. Un mecanismo opaco que recuerda prácticas propias de regímenes autoritarios y que habilita la discrecionalidad en el uso de fondos públicos.

Desde el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, denunciaron que la ley abre la puerta al espionaje político, al uso partidario de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), y a la legalización de filtraciones y acceso indebido a datos personales. También lamentaron que su propuesta de votar artículo por artículo para excluir los puntos más conflictivos fuera rechazada.

"Es indiscutible que fortalecer el sistema de inteligencia nacional es necesario, pero no puede ser usada esta necesidad a conveniencia de intereses particulares", advirtió el bloque correísta.

Lejos de ser una herramienta transparente y legítima para la seguridad, el flamante Sistema Nacional de Inteligencia aprobado por Noboa y sus aliados levanta sospechas sobre una intención mucho más peligrosa: la de consolidar un aparato de control político amparado en la opacidad y el miedo.