La red de corrupción no se corta más: por el caso purga detuvieron a un exlegislador y a altos funcionarios judiciales

Autoridades nacionales llevaron a cabo un operativo anticorrupción en la madrugada del 4 de marzo de 2024 en la ciudad de Guayaquil, como parte de la investigación conocida como Caso Purga. Este operativo surge como consecuencia del emblemático caso Metástasis y ha revelado una red de crimen organizado que había infiltrado el sistema judicial del país.
La fiscalía general del Estado, bajo el liderazgo de Diana Salazar, en colaboración con la Policía Nacional, ejecutó un total de 12 allanamientos, desvelando una trama corrupta que involucraba a destacadas figuras políticas y judiciales. Hasta la fecha, se han realizado 12 arrestos, entre los cuales se encuentran personalidades prominentes como Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, y Pablo Muentes, exlegislador socialcristiano.
🤫 Ante la detención del exasambleísta Pablo Muentes, el partido Social Cristiano no se ha pronunciado sobre la supuesta participación del exlegislador en el Caso Purga, 🤐 en el cual la fiscalía investiga por el presunto delito de delincuencia organizada. pic.twitter.com/nfx9ncNSpW
— Ecuadorplay (@EcuadorPlay) March 4, 2024
Entre los detenidos también figuran magistrados, funcionarios judiciales y otros individuos vinculados al sistema judicial ecuatoriano. Los registros policiales arrojaron resultados impactantes, incluyendo el hallazgo de documentos, joyas, dispositivos electrónicos, armas de fuego, efectivo y bienes de lujo en las residencias de los implicados.
La fiscal subrayó la gravedad del caso Purga, destacando cómo este escándalo ha puesto al descubierto la penetración de la corrupción desde las altas esferas políticas hasta el sistema judicial, poniendo en entredicho la integridad y transparencia de las instituciones del país. Salazar anunció que se presentarán cargos contra los detenidos en las próximas horas, enfatizando en la necesidad de limpiar el sistema judicial para restaurar la confianza del pueblo ecuatoriano en sus instituciones.
"(Los detenidos) han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano, atentando directamente contra los intereses de todos los ecuatorianos", afirmó Salazar.