Con el 97,84 por ciento de los votos escrutados a nivel nacional de este histórico plebiscito que sienta un precedente a nivel mundial, el "Sí" a cesar la actividad del Bloque 43-ITT ganó con el 58,97 por ciento frente al 41,03 del "No". Sin embargo, en la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el Bloque 43-ITT, el "No" ganó con el 57,99 por ciento de los sufragios frente al 42,01 del "Sí".

Ante esta situación, el Gobierno se ha acogido al artículo 57 de la carta magna para aducir que "los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio", comentó Santos Alvite. "Queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir 'Sí' o 'No' de acuerdo a la Constitución", agregó.

Llaman a la Corte a "dirimir"

El ministro indicó que "debería ser la misma Corte la que tenga que dirimir" sobre esta interpretación de la Constitución. No obstante, el titular de la cartera de Energía y Minas señaló que el Gobierno de Lasso no será quien haga la consulta ya que consideró que eso le correspondería hacer a los colectivos ambientalistas que impulsaron la celebración de este plebiscito.

Santos Alvite animó incluso "el derecho a la resistencia" de las comunidades indígenas del Bloque 43-ITT en caso de que se procediese con el desmantelamiento de la explotación, al señalar que es un derecho que tienen amparado en la Constitución "si ven sus derechos constitucionales violados", e insistió en que "los habitantes de Orellena son los únicos que tienen la capacidad de decidir si se inicia o se termina".

"Este Gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción", reiteró Santos Alvite, quien aseguró que "nunca en la historia del mundo se ha parado un campo tan importante que produce casi 60.000 barriles por día".

"Hasta el último día del Gobierno del presidente Lasso seguiremos produciendo normalmente. Tendremos planes de desmantelamiento de la infraestructura y del apagado de los pozos para que los ponga en ejecución el siguiente Gobierno, si así lo considera", añadió el nuevo Ejecutivo, que entrará en noviembre.