El cuarto decreto ley

Se trata del cuarto decreto ley que el Gobierno envía a la Corte Constitucional, luego de que el 17 de mayo decretara la muerte cruzada y disolviera la Asamblea Nacional. La audiencia se lleva a cabo de manera presencial y telemática, desde las 10:30.

El objetivo de la ley de quiebras es la reestructuración financiera de empresas que tienen problemas de liquidez, pero que aún son viables. La norma fue enviada a la Corte el 7 de julio de 2023.

El decreto ley regula los llamados procesos concursales o concordatos, para que las empresas deudoras lleguen a acuerdos de pago con sus acreedores, como bancos, proveedores, trabajadores o extrabajadores.

A continuación una cronología de las comparecencias:

La representante de la Procuraduría recuerda que el Presidente de la República tiene la facultad de presentar proyectos de ley de urgencia económica.

Añade que la propuesta legislativa mitiga el riesgo de problemas económicos a futuro para las empresas.

Y asegura que el decreto ley sí está acorde con los derechos laborales previstos en la Constitución.

Superintendencia de Compañías

El superintendente de Compañías, Marco López, arranca su intervención con una disculpa a la Corte por no entregar las cifras de empresas que han entrado en disolución o liquidación en los últimos 10 años.

Esta información fue una solicitud de la jueza Salazar previo a celebrarse la audiencia. Al final de su intervención entregó las cifras.

Al igual que sus antecesores, López recalca que el fenómeno de El Niño podría destruir el aparato productivo, como ocurrió con el fenómeno climático en los años 1982-1983 y 1997-1998.

“En este momento no están zafrando los ingenios azucareros ni está sembrando el sector arrocero, por las fuertes lluvias”, dice López. Y añade que es previsible una escasez en estas industrias.

López concluye que la experiencia de otras crisis ha demostrado que el no ser proactivos trae consecuencias severas.

Y recuerda que para poder supervisar los procesos de reestructuración, la Superintendencia requerirá de más personal. Al momento, la entidad opera con 650 trabajadores.

López admite que la Superintendencia no participó en la elaboración y redacción del decreto de ley como hubiese querido. La entidad solo tuvo dos reuniones con la Presidencia para la construcción del decreto.

El Superintendente subraya que una de las ventajas de los procesos de reestructuración es que suspende los procesos administrativos o judiciales para el cobro de las deudas a la empresa, al menos hasta que se alcance un acuerdo entre las partes.

La jueza Salazar consulta si las empresas en liquidación podrían acogerse a los procesos de reestructuración. López aclara que no sería posible, pero que sí debería abrirse la ley para las empresas que quieran revertir su disolución y liquidación.

Presidencia de la República

En representación de la Presidencia de la República, Yolanda Salgado, argumenta que la ley busca el fortalecimiento del sector productivo y que, por tanto, es de carácter urgente.

Recuerda que, ante la llegada del fenómeno de El Niño, es importante esta propuesta de ley de política económica para ayudar al sector productivo a enfrentar una posible crisis, en especial, compañías que operan en la Costa.

La norma también tiene como objetivo ayudar a las compañías que aún no logran recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia de Covid-19, dice Salgado. Y añade que durante la emergencia sanitaria cerraron cerca de 22.000 empresas.

“Es una herramienta que permitirá a las empresas acceder a una renovación de crédito o reestructuración empresarial de manera inmediata”, dice Salgado.

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, agrega que el objetivo es salvar puestos de trabajo, puesto que los acuerdos concursales buscan que las empresas se pongan al día con sus acreedores.

Ante la consulta de la Corte de los acuerdos concursales que ya permitía la Ley de Apoyo Humanitario, Salgado dice que esta norma permitirá usar esta herramienta de manera permanente y no solo con carácter excepcional.

“No queremos regímenes especiales o estar esperando a que algo ocurra para reaccionar, sino estar preparados con una norma permanente”, añade Ortiz.

Un juez de la Corte dice que la aplicación de esta ley va a requerir múltiples reformas legislativas.

Y cuestiona que, según la ley, los trabajadores podrían “renunciar” a su derecho como acreedores preferentes, lo que iría en contra de la Constitución.

Ortiz asegura que el decreto ley no habla de una renuncia a los derechos laborales, solo al cobro de sus acreencias laborales.

“Los trabajadores deciden si se acogen o no al acuerdo de pago, si no lo hacen igual tendrán derecho a reclamar sus pagos”, añade.

El secretario jurídico de la Presidencia dice que el decreto ley busca equilibrar los pagos a los acreedores, para que a todos se les vaya pagando por igual. El acuerdo de reestructuración debe ser aprobado por el 51 por ciento de los acreedores.